Desigual. Los vecinos intentan, a punta de pala, contrarrestar el avance de las topadoras de Colony sobre el Anguilas. NO TIENE APROBADOS LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS OBRAS PONEN EN PELIGRO UNO DE LOS HUMEDALES MÁS GRANDES DEL MUNDO
Un country vip arrasa con la reserva acuífera del Delta
El megaemprendimiento de lujo Colony Park –300 hectáreas que se venderán por un total de 280 millones de dólares– derrumba las casas de los habitantes de las islas y altera el curso de ríos y arroyos sin los permisos oficiales correspondientes.
Nicolás Fiorentino
21.02.2010
“Llegar a una isla y olvidarse de todo”. Eso prometen desde su página web los empresarios de Colony Park para atraer clientes al lujoso barrio privado que construyen en el corazón del delta del Tigre, un complejo habitacional que avanza a la misma velocidad crucero con la que arrasa con uno de los humedales más importantes del mundo; también con los isleños y sus casas.
El avance de las topadoras no sólo afecta al ecosistema con la tala y la alteración del curso de los ríos y arroyos; lo hace también con la ley: el emprendimiento progresa sin los permisos oficiales en regla, sin los informes de impacto ambiental aprobados y ante la inacción de la Municipalidad de Tigre (encabezada por el ex jefe de Gabinete Sergio Massa), del gobierno bonaerense y el nacional y bajo la mirada piadosa de la Prefectura Naval Argentina.
En junio de 2008, Crítica de la Argentina informó que la intendencia de Tigre había frenado el avance de las obras que se desarrollaban en 300 hectáreas del Delta, una zona de incalculable importancia ambiental que la empresa constructora adquirió en apenas 30 mil pesos y por la que espera recaudar 280 millones de dólares. Consideraba “irregulares” los permisos y ordenaba la clausura de los trabajos. Pero lejos de frenarse, las obras siguieron. Con todo y contra todo.
Lo que está haciendo Colony Park es, inicialmente, levantar el terreno. Tiene varias dragas aspirando barro del fondo de los ríos y arroyos que rodean el predio para subir su superficie con terraplenes de 3 a 4 metros de altura. Ese dragado está causando un daño irreversible a las condiciones ambientales del lugar. Para poder hacerlo requiere autorizaciones que la firma del empresario Hugo Damián Schwartz no tiene.
Así lo confirmaron a Crítica de la Argentina funcionarios de Tigre, de la Provincia y de la Nación. Desde Colony Park no respondieron a los llamados –más de 20 en poco más de un mes– para que defienda sus obras: derivaron la respuesta a su abogado, Agustín Rodríguez, quien, pese a varias promesas de su secretaria, nunca devolvió los llamados.
El del Tigre es el único delta vivo del mundo que desemboca en un río, además de ser clave para el acuífero Puelche. El 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación explica que “favorecen la mitigación de las inundaciones y de la erosión costera”; “juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas”; “constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas”; y –aclara– “en los últimos años se ha volcado mayor atención en su conservación por su importancia para el abastecimiento de agua dulce”, el oro azul por el que las grandes potencias se arrancan los ojos.
SIN CONTROL NI PERMISOS. El tema jurisdiccional es cuanto menos confuso. La Dirección Nacional de Vías Navegables, que depende de la Secretaría de Transporte de la Nación, explicó a este diario que el emprendimiento tiene desde el año 2000 la declaratoria de obra para el dragado en el canal Vinculación y el río San Antonio “para el relleno de su propiedad”. Y que la disposición sigue vigente, ya que en 2007 se presentó “documentación complementaria”. Hasta ahí, todo en orden. Pero, al ser consultados sobre el dragado del arroyo Anguilas –al que Colony Park le está alterando su curso para que atraviese el corazón del futuro country–, desde Nación afirmaron que “eso depende de la Provincia”. En la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas bonaerense aclararon que, aunque el proyecto “está aprobado técnicamente”, el expediente sigue recorriendo los estamentos estatales y por lo tanto las obras no deberían haber empezado.
La intendencia de Tigre dice que su responsabilidad se limita a lo que ocurra en tierra. El secretario de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, Antonio Grandoni, explicó a este diario que la obra tenía un permiso de prefactibilidad de la gestión anterior, pero que ellos la frenaron por no contar con el estudio de impacto ambiental aprobado. “Hay una resolución de abril de 2009 del gobierno provincial que indica que todo emprendimiento tiene que tener la firma del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y no lo tiene. Nosotros decidimos que así no vamos a autorizar ninguna obra”, aseguró el funcionario municipal.
En síntesis, los tres organismos públicos encargados de habilitar una obra multimillonaria afirman que Colony Park no está en condiciones de mover ni una sola piedra de la isla ni tocar el arroyo Anguilas. Esta información también revela la falta de control de los responsables oficiales de la zona: este medio pudo comprobar cómo obreros y retroexcavadoras trabajan ante la mirada evasiva de la Prefectura Naval.
CHAU ARROYO, CHAU ISLEÑOS. En poco más de un año, el Anguilas pasó de ser un pequeño arroyo pleno de vegetación a convertirse en una foto desértica. Entre otras cosas, alteraron su curso y cerraron su conexión con otros arroyos, como La Paloma, hoy totalmente anegado.
Para Enrique Ferregio, abogado de los isleños que impulsan una demanda judicial contra Colony Park, el desastre ambiental que trae aparejado el desarrollo del barrio privado es un delito federal y de lesa humanidad.
En simultáneo, el abogado camina Tribunales con la demanda de los habitantes de la isla que vieron cómo las topadoras de Schwartz derribaban sus casas o, directamente, las enterraban con el levantamiento del terreno. La Constitución Nacional avala que esas tierras les pertenecen porque llevan más de 20 años habitándolas –muchos superan los 40– y produciendo allí: la mayoría vive de la pesca y las artesanías.
Según la causa que tramita la Justicia, Colony Park adquirió los terrenos en 1999: se los compraron a Better S.A., una empresa que preside Roberto Suárez Silva, un uruguayo que trabajó largos años para el Grupo Soldati. Pero para la defensa de los isleños, la adquisición es ilegal por la simple razón de que esas tierras estaban habitadas por sus dueños de hecho. “Si vamos a juicio van a ganar los isleños por la posesión veinteañal”, dice Ferregio.
El Delta es tierra de nadie. No hay marco legal que lo regule y los isleños no gozan de ningún documento que acredite su propiedad. Colony Park fue hábil: la única manera que tenían los habitantes de demostrar su propiedad era con sus casas y pertenencias y la empresa arrasó con todo. Así, la forma para demostrar esa “posesión veinteañal” se complica.
El funcionario de Tigre consultado por este diario afirma que “había unas cuantas familias, pero muchas ya se habían ido” aceptando ofertas monetarias –en muchos casos irrisorias– de Colony. Son las menos. Decenas de familias se negaron a dejar sus casas y se enfrentaron a todo el poderío de la empresa y de la Prefectura. Crítica de la Argentina recorrió el lugar con los isleños y pudo comprobar cómo la fuerza de seguridad custodia la base de operaciones de Colony Park. Todos los testigos, a su vez, coinciden en que la Prefectura participó directamente del desalojo de los isleños, a los que debía proteger.
Peor aún, los desconoció. En una carta fechada el 17 de julio de 2009, que figura en el expediente judicial al que accedió este medio, el jefe de Prefectura de San Isidro, Norberto Nini, afirmó que “las tierras involucradas están cubiertas de monte cerrado, son en gran parte anegables y no hay personas que habiten el lugar”. Seguramente, el funcionario desconocía que en uno de los informes ambientales presentados por la propia Colony Park se habla de sus “habitantes permanentes”.
“El municipio está haciendo reglas claras para la construcción en el Delta”, afirmó Grandoni. Se refiere a un Master Plan que establece límites. Pero lo que la Municipalidad busca instalar como un calmante a los nervios de los isleños tiene un efecto contrario y desata su pánico: Massa presentó el Master Plan en la Expo Real State celebrada en agosto de 2009 en el Hotel Hilton, ante un auditorio de empresarios. Los habitantes históricos del Delta temen que los Colony Park y las topadoras se multipliquen.
Colony Park prevé la construcción de un gran canal artificial de 30 metros de ancho para separarse de las otras islas; un perímetro de agua de 30 metros de ancho con vigilancia permanente; 60 hectáreas de lagunas interiores; red vial propia y acceso para autos a través de 3 transbordadores privados; cloacas, gas, dos escuelas, un supermercado, un shopping, un helipuerto, canchas de golf y una marina para más de 700 embarcaciones. Todo un aparato de lujo montado sobre tierras que sus propietarios originales luchan por recuperar.
“No evaluar el impacto ambiental resulta inaceptable”
Un humedal es un ambiente natural en donde en forma permanente o temporaria el suelo está cubierto con agua. En el Delta, los ecosistemas acuáticos cumplen una función ambiental fundamental: acumulan o retienen materia orgánica arrastrada por el río Paraná, amortiguan el impacto de las inundaciones y mantienen estables otros procesos ecológicos y climáticos.
A su vez, su importancia radica en la diversidad de las formas de vida que albergan y en el innegable papel recreativo que desempeñan, haciendo de un conjunto de islas, arroyos, ríos, bosques y pastizales un lugar clave para la conservación de la naturaleza. A pocos kilómetros del microcentro porteño todavía existen ciervos de los pantanos y carpinchos. Entre las actuales amenazas a la salud de este ecosistema están las modificaciones drásticas del ambiente en superficies excesivamente grandes.
Las evaluaciones de impacto ambiental permiten identificar, prevenir, minimizar y compensar las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre la naturaleza y el patrimonio cultural. No realizarlas denota un nivel de imprevisión e improvisación que no es aceptable en el siglo XXI.
Pablo Preliasco y Claudio Bertonatti.
Fundación Vida Silvestre Argentina
El avance de las topadoras no sólo afecta al ecosistema con la tala y la alteración del curso de los ríos y arroyos; lo hace también con la ley: el emprendimiento progresa sin los permisos oficiales en regla, sin los informes de impacto ambiental aprobados y ante la inacción de la Municipalidad de Tigre (encabezada por el ex jefe de Gabinete Sergio Massa), del gobierno bonaerense y el nacional y bajo la mirada piadosa de la Prefectura Naval Argentina.
En junio de 2008, Crítica de la Argentina informó que la intendencia de Tigre había frenado el avance de las obras que se desarrollaban en 300 hectáreas del Delta, una zona de incalculable importancia ambiental que la empresa constructora adquirió en apenas 30 mil pesos y por la que espera recaudar 280 millones de dólares. Consideraba “irregulares” los permisos y ordenaba la clausura de los trabajos. Pero lejos de frenarse, las obras siguieron. Con todo y contra todo.
Lo que está haciendo Colony Park es, inicialmente, levantar el terreno. Tiene varias dragas aspirando barro del fondo de los ríos y arroyos que rodean el predio para subir su superficie con terraplenes de 3 a 4 metros de altura. Ese dragado está causando un daño irreversible a las condiciones ambientales del lugar. Para poder hacerlo requiere autorizaciones que la firma del empresario Hugo Damián Schwartz no tiene.
Así lo confirmaron a Crítica de la Argentina funcionarios de Tigre, de la Provincia y de la Nación. Desde Colony Park no respondieron a los llamados –más de 20 en poco más de un mes– para que defienda sus obras: derivaron la respuesta a su abogado, Agustín Rodríguez, quien, pese a varias promesas de su secretaria, nunca devolvió los llamados.
El del Tigre es el único delta vivo del mundo que desemboca en un río, además de ser clave para el acuífero Puelche. El 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación explica que “favorecen la mitigación de las inundaciones y de la erosión costera”; “juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas”; “constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas”; y –aclara– “en los últimos años se ha volcado mayor atención en su conservación por su importancia para el abastecimiento de agua dulce”, el oro azul por el que las grandes potencias se arrancan los ojos.
SIN CONTROL NI PERMISOS. El tema jurisdiccional es cuanto menos confuso. La Dirección Nacional de Vías Navegables, que depende de la Secretaría de Transporte de la Nación, explicó a este diario que el emprendimiento tiene desde el año 2000 la declaratoria de obra para el dragado en el canal Vinculación y el río San Antonio “para el relleno de su propiedad”. Y que la disposición sigue vigente, ya que en 2007 se presentó “documentación complementaria”. Hasta ahí, todo en orden. Pero, al ser consultados sobre el dragado del arroyo Anguilas –al que Colony Park le está alterando su curso para que atraviese el corazón del futuro country–, desde Nación afirmaron que “eso depende de la Provincia”. En la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas bonaerense aclararon que, aunque el proyecto “está aprobado técnicamente”, el expediente sigue recorriendo los estamentos estatales y por lo tanto las obras no deberían haber empezado.
La intendencia de Tigre dice que su responsabilidad se limita a lo que ocurra en tierra. El secretario de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, Antonio Grandoni, explicó a este diario que la obra tenía un permiso de prefactibilidad de la gestión anterior, pero que ellos la frenaron por no contar con el estudio de impacto ambiental aprobado. “Hay una resolución de abril de 2009 del gobierno provincial que indica que todo emprendimiento tiene que tener la firma del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y no lo tiene. Nosotros decidimos que así no vamos a autorizar ninguna obra”, aseguró el funcionario municipal.
En síntesis, los tres organismos públicos encargados de habilitar una obra multimillonaria afirman que Colony Park no está en condiciones de mover ni una sola piedra de la isla ni tocar el arroyo Anguilas. Esta información también revela la falta de control de los responsables oficiales de la zona: este medio pudo comprobar cómo obreros y retroexcavadoras trabajan ante la mirada evasiva de la Prefectura Naval.
CHAU ARROYO, CHAU ISLEÑOS. En poco más de un año, el Anguilas pasó de ser un pequeño arroyo pleno de vegetación a convertirse en una foto desértica. Entre otras cosas, alteraron su curso y cerraron su conexión con otros arroyos, como La Paloma, hoy totalmente anegado.
Para Enrique Ferregio, abogado de los isleños que impulsan una demanda judicial contra Colony Park, el desastre ambiental que trae aparejado el desarrollo del barrio privado es un delito federal y de lesa humanidad.
En simultáneo, el abogado camina Tribunales con la demanda de los habitantes de la isla que vieron cómo las topadoras de Schwartz derribaban sus casas o, directamente, las enterraban con el levantamiento del terreno. La Constitución Nacional avala que esas tierras les pertenecen porque llevan más de 20 años habitándolas –muchos superan los 40– y produciendo allí: la mayoría vive de la pesca y las artesanías.
Según la causa que tramita la Justicia, Colony Park adquirió los terrenos en 1999: se los compraron a Better S.A., una empresa que preside Roberto Suárez Silva, un uruguayo que trabajó largos años para el Grupo Soldati. Pero para la defensa de los isleños, la adquisición es ilegal por la simple razón de que esas tierras estaban habitadas por sus dueños de hecho. “Si vamos a juicio van a ganar los isleños por la posesión veinteañal”, dice Ferregio.
El Delta es tierra de nadie. No hay marco legal que lo regule y los isleños no gozan de ningún documento que acredite su propiedad. Colony Park fue hábil: la única manera que tenían los habitantes de demostrar su propiedad era con sus casas y pertenencias y la empresa arrasó con todo. Así, la forma para demostrar esa “posesión veinteañal” se complica.
El funcionario de Tigre consultado por este diario afirma que “había unas cuantas familias, pero muchas ya se habían ido” aceptando ofertas monetarias –en muchos casos irrisorias– de Colony. Son las menos. Decenas de familias se negaron a dejar sus casas y se enfrentaron a todo el poderío de la empresa y de la Prefectura. Crítica de la Argentina recorrió el lugar con los isleños y pudo comprobar cómo la fuerza de seguridad custodia la base de operaciones de Colony Park. Todos los testigos, a su vez, coinciden en que la Prefectura participó directamente del desalojo de los isleños, a los que debía proteger.
Peor aún, los desconoció. En una carta fechada el 17 de julio de 2009, que figura en el expediente judicial al que accedió este medio, el jefe de Prefectura de San Isidro, Norberto Nini, afirmó que “las tierras involucradas están cubiertas de monte cerrado, son en gran parte anegables y no hay personas que habiten el lugar”. Seguramente, el funcionario desconocía que en uno de los informes ambientales presentados por la propia Colony Park se habla de sus “habitantes permanentes”.
“El municipio está haciendo reglas claras para la construcción en el Delta”, afirmó Grandoni. Se refiere a un Master Plan que establece límites. Pero lo que la Municipalidad busca instalar como un calmante a los nervios de los isleños tiene un efecto contrario y desata su pánico: Massa presentó el Master Plan en la Expo Real State celebrada en agosto de 2009 en el Hotel Hilton, ante un auditorio de empresarios. Los habitantes históricos del Delta temen que los Colony Park y las topadoras se multipliquen.
Colony Park prevé la construcción de un gran canal artificial de 30 metros de ancho para separarse de las otras islas; un perímetro de agua de 30 metros de ancho con vigilancia permanente; 60 hectáreas de lagunas interiores; red vial propia y acceso para autos a través de 3 transbordadores privados; cloacas, gas, dos escuelas, un supermercado, un shopping, un helipuerto, canchas de golf y una marina para más de 700 embarcaciones. Todo un aparato de lujo montado sobre tierras que sus propietarios originales luchan por recuperar.
“No evaluar el impacto ambiental resulta inaceptable”
Un humedal es un ambiente natural en donde en forma permanente o temporaria el suelo está cubierto con agua. En el Delta, los ecosistemas acuáticos cumplen una función ambiental fundamental: acumulan o retienen materia orgánica arrastrada por el río Paraná, amortiguan el impacto de las inundaciones y mantienen estables otros procesos ecológicos y climáticos.
A su vez, su importancia radica en la diversidad de las formas de vida que albergan y en el innegable papel recreativo que desempeñan, haciendo de un conjunto de islas, arroyos, ríos, bosques y pastizales un lugar clave para la conservación de la naturaleza. A pocos kilómetros del microcentro porteño todavía existen ciervos de los pantanos y carpinchos. Entre las actuales amenazas a la salud de este ecosistema están las modificaciones drásticas del ambiente en superficies excesivamente grandes.
Las evaluaciones de impacto ambiental permiten identificar, prevenir, minimizar y compensar las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre la naturaleza y el patrimonio cultural. No realizarlas denota un nivel de imprevisión e improvisación que no es aceptable en el siglo XXI.
Pablo Preliasco y Claudio Bertonatti.
Fundación Vida Silvestre Argentina
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