lunes, 29 de noviembre de 2010

PUNTA QUERANDÍ: LA FUERZA ESTÁ EN LA DIVERSIDAD

http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762468.php


Punta Querandí: la fuerza está en la diversidad
Por Indymedia Pueblos Originarios - Monday, Nov. 29, 2010 at 7:31 AM
originarios-arg@indymedia.org
Desde el oficialismo de Tigre y la empresa EIDICO se buscó ligar a un partido político la protesta por el sitio sagrado querandí ubicado en el paraje rural Punta Canal, a 50 kilómetros de la Capital Federal. Pero la confluencia de actores que participa del reclamo desarticula en sí mismo este planteo. La demanda por los pobladores ancestrales y contemporáneos de los humedales, en peligro por la explosión de megaemprendimientos de barrios privados desde los 90', encolumna a sectores incluso contradictorios entre sí. La movilización del 4 de noviembre a la sede de Gobierno de Tigre fue testigo de esta unidad en la diversidad. Sectores eclesiales, partidos políticos kirchneristas y antikirchneristas, profesores de escuelas, referentes indígenas de diversas trayectorias, ambientalistas, movimientos de desocupados, merenderos populares y personas de a pie no enbanderadas en ninguna organización, son parte del amplio abanico de respaldo. A continuación algunos testimonios.

Alberto Aguirre (Pueblo Toba - Movimiento en Defensa de la Pacha): "Nuestro reclamo no tiene nada que ver la política partidaria, estamos defendiendo lo que es de todos: acá no hay ni indios ni blancos, somos todos humanos y estamos peleando por los derechos que nos corresponden".

Pedro Moreira (Pueblo Kolla - Biblioteca Inti Huasi y Movimiento en Defensa de la Pacha): "No se trata solamente de defender un predio, se trata de defender un nuevo modelo de vida que queremos para la humanidad. Defendemos cuerpo a cuerpo este predio que para nosotros tiene muchísima importancia y mucho más en la provincia de Buenos Aires .Hay que hacer nuestro ese espacio, No estamos contra ninguna empresa ni ningún político, defendemos el patrimonio natural, cultural y el territorio nacional. Estemos atentos, difundamos, que la prensa haga su papel que quiera hacer, nosotros seamos los difusores de nuestros problemas, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas".

Padre Luis Farinello: "La Iglesia tiene que pedirle perdón a los pueblos originarios, llegó con la Conquista, a los fusibles los acompañaba la cruz. La tierra es de Dios, la tierra es del hombre... maldita propiedad privada y maldito capitalismo. Esta tierra es para todos, no para 4 vivos que se quieren hacer dueños de todo. Yo vengo de Quilmes, allá trayeron caminando a los indios Quilmes de los Valles Calchaquies. La Catedral de Quilmes está edificada sobre el cementerio de los indios Quilmes. El cementerio es un lugar sagrado. Defendamos este cementerio, defendamos nuestra historia, defendamos a los pueblos originarios. Siempre con la víctimas, nunca con aquellos que oprimen y tiene en el corazon el lucro del dinero".

Diego Cuevas (profesor de historia de la escuela de Dique Luján): "Somos docentes de la Escuela 16 de Dique Lujan, apoyamos la defensa de Punta Querandí, hace muy poco hicimos una caminata con varios de nuestros estudiantes, ver los restos, caminar por la parte que queda de nuestro humedal virgen. Estamos en defensa del humedal y de este lugar sagrado para los pueblos originarios. Queremos un municipio para todos y no solamente para la gente del country que viene y copa nuestros espacios públicos para convertirlos en privados". 

Diputada Nacional Elsa Quiroz (CC-ARI): "Este fue un proceso de hacer visible una situación que reclama estricta justicia, este no es un reclamo de intereses que puede contradecer otros intereses. Desde la Comisión de Derechos Humanos venimos a traer apoyo y acompañamiento. Cuenten con nosotros. El respeto a la tierra se va a concretar".

Mario Mazzitelli (Secretario General del Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur): "Esta es una cuestión sagrada, la conceptualizamos dentro de un sistema capitalista que viene por todo. Hoy estamos nuevamente ante una nueva fiebre del oro, por reproducir el dinero se avasallan los espacios públicos, comprándolos muy baratos, realizando emprendimientos y vendiéndolos muy caros. Esto se está dando en toda la costa Argentina. Tenemos el deber de defender entre todos los espacios comunes, en este caso todavía más común porque estamos defendiendo lo que hace a nuestra propia identidad, nuestra propia historia. No hubo vida humana aquí a partir de la fundación de Mendoza y Garay, aquí hubo seres humanos que construyeron una historia que siempre se quiso ocultar y tenemos que poner esa historia en el presente para poder construir un mejor futuro para todos".

Mita (Corriente Clasista Combativa de Escobar): "Esta es una lucha justa y conmovedora, es un honor participar, este es el camino. Todas las luchas se pueden unificar. La lucha de los originarios no esta ajena, en el barrio tenemos un montón de compañeros que son descendientes de originarios. Yo misma soy descendiente de guaraní. Hay que unificar para hacer entre todos que esta lucha triunfe y todas la reivindicaciones: de los desocupados, de los merenderos, de la desnutrición que hay hoy en todo el país aunque muchos quieran taparlo".

Mario Barrios (Pueblo Kolla - Organización de Comunidades de Pueblos Originarios): "Esto se va a ir sumando, es como una bola de nieve y no lo van a poder frenar. Sigamos abriendo las conciencias, los corazones, se viene una nueva cultura que va a cambiar el mundo. El Pachakuti (nuevo tiempo) es inevitable. Es importante estar mas unidos y poner toda nuestra sabiduria, alegría y amor, porque el amor nos hace luchar, no nos hace luchar el odio. Nuestro mundo y nuestro pensamiento es por el bien de todos y no para una minoría".

Rumi (Pueblo Quechua - Grupo de Sikuris Kaypachamanta): "Ver tanta gente convocadas para defender un sitio sagrado es muy positivo. Tenemos que redoblar la apuesta, ahora todos quedamos comprometidos, cada uno desde su lugar, desde su organización, desde el lugar que esté militanto, tiene que hacer que esto se vaya reproduciendo. Si bien estábamos muy al tanto de lo que estaba pasando, es la primera vez que podemos participar. A ningún intendente le gusta que se movilice la gente y más en este caso para hacer una denuncia que está amparada en el derecho nacional e internacion como para que frenen esto. Vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias".


No tomaron la palabra pero también fueron protagonistas de la manifestación representantes del partido político Nuevo Encuentro y espacios locales como la Asamblea Delta y Río de la Plata, la Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano Ambiental (ATPUA), El Tigre Verde y Casa Cultural Casa Puente.

Una mención aparte merece la actuación de un conglomerado de grupos de sikuris -música andina- que crearon una canción especial para la ocasión ("a un costado de aquel río hay un cementerio, misterioso y milenario Punta Querandí"). La guardia sonora de la manifestación estaba formada por integrantes de los grupos KaypachamantaIMPAAymaras IntercontinentalesFuerza Joven,Comunidad de Sikuris y Churay Churay; salvo este último que es de Tigre los demás llegaron desde diversas localidades del área metropolitana.

DOCUMENTO CONJUNTO POR CUMBRE EN CANCÚN

Cambio Climático: Desafíos globales y locales hacia Cancún (COP 16)


Un desafío global

El Protocolo de Kyoto (1997) es el primer instrumento internacional que fijó metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y constituyó así un primer paso en la correcta dirección, aunque las metas adoptadas estuvieron muy por debajo de las necesarias para enfrentar el cambio climático. Aún así, su falta de implementación, fundamentalmente por la negativa de Estados Unidos a ratificarlo, agravó la situación climática por las demoras en adoptar acciones a nivel global. Esta situación coloca al mundo frente a un desafío de proporciones gigantescas para evitar un cambio climático fuera de control y de características catastróficas.

La COP15, en Copenhague (diciembre 2009) fue un fracaso, ya que no hubo ningún acuerdo sustantivo sobre cuál será el conjunto de compromisos políticos globales en materia de cambio climático para la próxima década, ya sea a través del Protocolo de Kyoto, un nuevo Protocolo u otro tipo de acuerdo.

Del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, en la ciudad de Cancún, México, se desarrollará la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde la comunidad internacional debe alcanzar un acuerdo que establezca las metas y acciones de reducción de GEI que deben ser legalmente vinculantes una vez que expire Kyoto en el 2012.

Para prevenir un cambio climático de impactos irreversibles para los ecosistemas y las poblaciones, el aumento de la temperatura global del planeta debe estabilizarse lo más abajo posible de los 2 grados centígrados, asegurando que pueda ser incluso menor a 1.5 grados.

Para ello, la COP 16 en Cancún debe ser un paso significativo hacia un acuerdo a ser alcanzado en la COP 17 en Sudáfrica. Lograr dicha meta requiere que el pico de emisiones globales de GEI (principalmente de CO2) tenga lugar no más allá del 2015. El logro de lo anterior depende de un acuerdo global que incluya a todos los países en la tarea de reducir emisiones procedentes del uso de combustibles fósiles y de la deforestación. Dicho acuerdo global deberá ser justo, ambicioso y vinculante.

Justo, en la medida que todos los países adopten medidas para reducir emisiones, de acuerdo con sus responsabilidades. Los países desarrollados, principales responsables de la crisis climática, se deberán comprometer a reducir sus emisiones para el año 2020 en un 40%, como mínimo, sobre lo emitido en 1990. Y deberán hacerse cargo de los costos de adaptación de los países en desarrollo y de la reducción de emisiones en esta década para garantizar el cambio de tendencia en todo el planeta. Esto implica transferencias de recursos, que se han calculado por encima de los 140 mil millones de dólares anuales, para promover las energías limpias, el combate a la deforestación y la adaptación en los países en desarrollo. De este modo, los países en desarrollo podrán comprometerse a realizar las acciones de mitigación locales necesarias para llegar a los objetivos de reducción global.

Ambicioso, en la medida en que se actúe conforme lo requiere la ciencia: evitar un cambio climático catastrófico requiere evitar el incremento de la temperatura por encima de los 1.5 grados centígrados en el presente siglo, para lo cual las emisiones globales deben alcanzar el máximo en 2015, para decaer drásticamente y llegar a casi cero hacia el año 2050. Menos que esto no será suficiente.

Vinculante, en la medida que sea legalmente obligatorio para todos los países y contemple la verificación de las reducciones realizadas. Una declaración política no es suficiente. Necesitamos hechos, no sólo palabras.


El papel de Argentina

La República Argentina es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, lo que significa, contrariamente a lo que muchos funcionarios dicen, que aún sin pertenecer a los países Anexo I con metas obligatorias de reducción, sí debe desarrollar políticas de mitigación o reducción de emisiones de GEI. [1]

Si bien Argentina no contribuye de manera significativa a las emisiones globales de GEI, posee un importante nivel de emisiones per cápita, siendo uno de los mayores dentro de los países de la región.

En ese sentido, el sector de la Energía es la mayor fuente de emisiones. Argentina posee una matriz con altísima dependencia de los combustibles fósiles, situación que se ha ido intensificando en las últimas dos décadas. Un 90% de la energía primaria que se consume proviene básicamente del petróleo y del gas natural.

No existe una política energética tendiente a reducir esta dependencia y así disminuir las emisiones de GEI asociadas a los combustibles fósiles. La mayor parte de la inversiones que están en marcha en el sector energético incrementan la dependencia de los combustibles fósiles, incluso promoviendo el uso del carbón fósil para producir electricidad. En aquellos casos en que se opta por otras fuentes energéticas, se priorizan aquellas que no son sustentables, como mega-represas hidroeléctricas y centrales nucleares.

La discusión en torno a la matriz energética argentina es una tarea urgente e impostergable. Es necesario dar un debate estratégico, serio y transparente que deje de lado cuestiones estrictamente sectoriales, que necesariamente deben involucrar cuestiones sociales, ambientales, económicas, innovacion y tecnología y riesgos y desafíos que aun no han sido descubiertos o resueltos

Mientras las mega-represas suelen tener impactos significativos sobre la biodiversidad, la energía nuclear continúa avanzando, mediante obras de ampliación y nuevas centrales nucleares con apoyo gubernamental, sin que exista un debate abierto sobre la conveniencia de avanzar hacia este tipo de energía, cuyos altos costos además incluyen a la minería de uranio, la fabricación de combustibles nucleares, la operación y mantenimiento de las centrales atómicas y el legado ambiental de los residuos nucleares e instalaciones que quedarán en desuso.

Las energías renovables se ubican en un rol marginal desconociendo el potencial existente en el país y las tecnologías disponibles, lo que demuestra una visión en materia energética que no responde a políticas que apunten a la sustentabilidad.

A su vez la permanente aplicación de subsidios a las tarifas de los servicios energéticos incentivó el sobreconsumo, exacerbando el problema de escasez de oferta y dando una pésima señal en materia de racionalidad ambiental y ahorro energético.

Por otra parte, Argentina posee una gran fuente de emisiones como consecuencia de la deforestación, cuya principal causa es la ampliación de la frontera agropecuaria.

En ese sentido, la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007) significó un paso importante. Sin embargo, su plena aplicación aún enfrenta severas dificultades. Si bien desde la sanción de la norma la deforestación se redujo en un 60%, por la falta de controles efectivos y multas acordes continúan los desmontes ilegales y los incendios forestales (muchos de ellos intencionales).

Además, el Congreso Nacional aún no completó el “Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, a distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la ley. El 30% de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante está destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.

De esta manera el Estado es el primero en incumplir con la Ley, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria en defensa de los últimos bosques nativos y de reducción de GEI por deforestación.

Uno de los efectos del cambio climático es la desaparición masiva de hielos permanentes de la superficie de la Tierra, tanto en los casquetes polares como en diversos cuerpos de hielo sobre los continentes. Este fenómeno viene ocurriendo de manera sostenida en las últimas décadas.

Hoy grandes conglomerados de poblaciones en el mundo enfrentan una crisis del agua, provocada tanto por procesos de contaminación y aumento de población, como por impactos asociados a variabilidad climática. De no modificarse los patrones de utilización de los recursos hídricos, para el 2050, cuando otros tres billones de personas se sumen a la población actual, sólo para cubrir las necesidades básicas se requerirá un aumento del 80% en el suministro de agua. 

Los glaciares en los Andes de Sudamérica se encuentran en un proceso generalizado de disminución debido a las mayores temperaturas en la región. La necesidad de proteger y monitorear el comportamiento de estas masas de hielo es esencial. Mitigar el cambio climático es un imperativo para lograr que los glaciares tengan posibilidades de perdurar en el tiempo. A su vez, es imprescindible que estos ecosistemas estén exentos de los riesgos y las agresiones de actividades que afecten su estabilidad, como la minería o las actividades hidrocarburíferas, para dar mayores chances a su preservación y recuperación.

En ese sentido, la sanción de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (2010) ha sido un gran paso para proteger estas reservas de agua dulce.

La ley concibe a los glaciares como bienes de carácter público y crea el Inventario Nacional de Glaciares, bajo responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que se encargará de clasificar y monitorear todos los glaciares y geoformas periglaciares. La norma además prohíbe las actividades que puedan afectar su condición natural.

Cabe destacar que el inciso b) de su artículo 10 establece que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación deberá “aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático”.

Mientras que el inciso h) del mismo artículo establece que se deberán “incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”.

A pesar de su reciente promulgación, la ley es fuertemente resistida por provincias donde recientemente se ha desarrollado la actividad minera a cielo abierto y enfrenta varios procesos judiciales que intentan frenar su aplicación.

La plena aplicación de la ley exige una política local de cumplimiento estricto y una política internacional que permita salvar los glaciares del calentamiento global; esto es, no exceder 1.5 grados centígrados el aumento de la temperatura global y enfriar el planeta si fuese necesario.

Por otra parte, aún resta que el Poder Ejecutivo la reglamente y le asigne al IANIGLA fondos suficientes para la realización del inventario.


Frente a esta situación, las organizaciones abajo firmantes demandamos:

A nivel global, llegar a un acuerdo justo, ambicioso y vinculante que:

  • Establezca compromisos vinculantes de reducción de emisiones de los países industrializados, como mínimo, de un 40% para el año 2020, con respecto a los niveles de 1990.

  • Obligue a los países industrializados a generar un fondo financiero, de no menos de 140 mil millones de dólares anuales, que permita las inversiones necesarias para promover las energías limpias y otras actividades de mitigación, la protección de los bosques y los programas de adaptación de los países en desarrollo.

  • Apoye las acciones de mitigación en países en desarrollo, financiadas por los países desarrollados, para que reviertan en esta década la tendencia creciente de sus emisiones.

  • Constituya un mecanismo de financiamiento para detener la deforestación en los países en desarrollo para el año 2020. El mismo debe respetar los derechos de las comunidades indígenas y no debe reemplazar las obligaciones de reducciones de los países industrializados.

  • Incorpore a la protección de glaciares y otras fuentes de agua estratégicas a nivel global, como una política de respuesta efectiva contra el cambio climático. 


A nivel local:

  • Argentina deberá producir de manera  prioritaria un cambio radical en su matriz energética para hacerla sustentable, reduciendo drásticamente su dependencia del petróleo y gas, y ampliando fuertemente la participación de fuentes de energía limpias y renovables. Esta tarea implica un análisis de corto, mediano y largo plazo, y para ello se necesita de la planificación estratégica nacional con participación ciudadana.

  • Se debe abandonar la decisión de producir electricidad quemando carbón a gran escala, ya que es la opción energética más contaminante, más costosa y que más contribuye al cambio climático.

  • En materia de energías renovables, resulta estratégico colocar a la energía eólica como prioridad para los próximos años. Se debe adoptar una política energética que permita alcanzar el 8% de electricidad renovable en el año 2016, acorde a lo establecido por la Ley 26.190 (2006). Es imprescindible avanzar con una planificación energética que vaya más allá de este corto plazo para garantizar la sustentabilidad del proceso.

  • Debe revisarse la inclusión de la valorización energética de residuos sólidos urbanos (RSU) dentro del Programa GENREN (Licitación de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables), dado que la Ley 26.190 no comprende a los RSU como una fuente renovable de energía.

  • En materia de eficiencia energética, se debe avanzar en el etiquetado de un mayor número de electrodomésticos y fortalecer programas como el PRONUREE. Asimismo el Poder Ejecutivo debe reglamentar en forma urgente la Ley 26.473 (2008) que prohíbe, a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general.

  • La expansión de la actividad nuclear debe ser puesta a discusión, generando un debate participativo que permita esclarecer si resulta conveniente que Argentina avance hacia ese tipo de desarrollo energético, en lugar de priorizar inversiones tanto en eficiencia energética como en una mayor promoción de las energías renovables.

  • Los proyectos hidroeléctricos deben ser restringidos a los que no generen un impacto relevante sobre los ecosistemas fluviales y  las comunidades.

  • Se deben desarrollar fuertes medidas de eficiencia y transformación del sector del transporte. Argentina debe priorizar el uso del ferrocarril para el transporte de cargas y fomentar el transporte público de pasajeros en sus distintas modalidades con mejoras en confort, eficiencia y cobertura.

  • El Poder Ejecutivo debe reglamentar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (2010), otorgar al IANIGLA un presupuesto acorde para realizar, lo antes posible, el Inventario Nacional de Glaciares, y aplicar su artículo 10 para salvar a los glaciares del cambio climático.

  • El Congreso Nacional debe completar el “Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” establecido por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación debe establecer claramente su funcionamiento, incluyendo mecanismos de control adecuados. Por su parte, las provincias deben realizar los Ordenamientos Territoriales de sus Bosques Nativos de manera participativa y bajo los criterios de la norma.                


Amigos de la Tierra Argentina, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos - FOCO, Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental... ( siguen las formas y adhesiones)


[1] Las Partes incluidas en el Anexo I son los países industrializados que eran miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1992, más las Partes en proceso de transición a una economía de mercado, en particular, la Federación de Rusia, los estados Bálticos y varios estados de Europa central y oriental. 

miércoles, 24 de noviembre de 2010

PPS-SITUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO BASUALDO- RICARDO BARBIERI-


Tigre – PPS – Situación ambiental del arroyo Basualdo.


Presento hoy un nuevo PPS relacionado con la situación ambiental del arroyo Basualdo.
El arroyo Basualdo, tiene una extensión de 11.100 metros, que transcurren por territorio de los distritos de Malvinas Argentinas y Tigre, aunque su cuenca tributaria se extiende profundamente en territorios de los partidos de San Miguel y José C. Paz. Desagua en el río Reconquista.
Casi la totalidad de las fotografías que se exponen en el trabajo, corresponden a una sección del arroyo Basualdo, que no excede los doscientos metros, ubicada a la altura del Km 29,500 de Panamericana, en zona limítrofe entre las ciudades de Pacheco y Don Torcuato.
El presente trabajo es una producción exclusiva de “El Tigre Verde”, sobre una idea y realización de quien suscribe. La conversión del trabajo para que el mismo pueda verse en los blog, así como la subida a YouTube, fue realizada por equipo técnico de la Asamblea
Urbanoambiental de Tigre( http://asambleaurbanoambiental.blogspot.com ).
Para ubicar el presente trabajo en YouTube, ingresar a:
http://www.youtube.com/watch?v=_zX0om1DMTM
http://www.eltigreverde.blogspot.com
Ricardo Barbieri
Pps Arroyo Basualdo

jueves, 18 de noviembre de 2010

REMODELACIÓN PASEO LAVALLE-Algunas diferencias-

Remodelación Paseo Lavalle-Algunas diferencias

El sábado 13 de noviembre publicamos en nuestro blog una nota escrita por el vecino Hornero del Sur en su blog www.pagosdelyaguarete.blogspot.com  con respecto a la remodelación del Paseo Lavalle y algunas diferencias en cifras que son llamativas.

En la edición del día jueves 29 de julio del Clarín Zonal, en la página 3, se publica una extensa nota al respecto y algunas declaraciones de funcionarios municipales.

Tal es el caso del Sr Pablo Dameno, coordinador del Departamento Ejecutivo municipal que declara que antes de comenzar las obras se reunirán con la empresa constructora para ajustar el proyecto que tal como fue licitado, incluye más cemento. O sea, ¿el proyecto final incluye menos cemento pero cuesta más caro?

Renglón seguido, la nota nos informa que la obra demandará 4 (cuatro) meses de trabajo con una inversión de $ 6.000.000. Está previsto construir 7 (siete) dársenas para estacionamiento, con una longitud de 60 metros cada una.

También emplazarán 3 (tres) fuentes de agua, 5 (cinco) muelles con miradores que servirán tanto para embarcaciones como para descanso de los peatones, detalló el Secretario de Obras Públicas Grandoni y enumera que también instalarán pérgolas, bancos de hormigón, barandas y farolas.
Si leemos el cartel en la imagen que sigue, podemos claramente ver algunas diferencias.


La inversión de la obra ya no es de $6.000.000 sino de $8.445.586,03 (el 0,3  es una cifra fundamental en el monto) y el financiamiento se realiza con fondos provinciales. 
Ahora, el HCD en sesión del 11 de mayo de 2010 aprueba el convenio firmado entre municipio y Provincia en abril del 2009, por una suma de $6.000.000.

 Esta significativa diferencia de casi $2.500.000 en el costo de la obra, ¿de dónde surge?.¿Los financia la provincia?

Desde el municipio se indica que la obra demandará 4 ( cuatro ) meses, aunque según versa en el descomunal cartel sería de 360 días, es decir 12 (doce) meses.

 "Que los vecinos estén tranquilos. No tocaremos un sólo árbol. Al contrario, reforestaremos la zona. Sólo sacaremos algún ejemplar si descubrimos que está podrido. En ese caso, lo reemplazaremos por otro. Y si bien la idea es hacer las veredas a nuevo, no eliminaremos el verde", detalló el secretario de Inversión, Urbanismo y Gestión Ambiental de Tigre, Antonio Grandoni, en una nota al mismo Diario Zonal del día 1 de julio del 2010.

Nos preguntamos:¿Van a reforestar la zona? ¿En qué espacio?¿Arriba de alguna fuente?.

“No eliminaremos el verde”: No entendemos la manera de construir 7 dársenas de 60 metros de largo (420m en total  x  la profundidad necesaria para un vehículo) sin eliminar el verde.

¿Glorietas, bancos de hormigón y fuentes emplazadas sin eliminar el verde?

Para finalizar, ¿cuál es la superficie del Paseo?.Si fuera de 7.000m2 ( según el vecino Hornero del Sur) el costo sería de $1.206 por m2, si fuera de 9.172m2  ( según municipalidad ) el costo sería de $920 m2.

Sea cual fuere el número es demasiado grande y  nos parece un despropósito y creemos que ese gasto no solamente no es necesario, sino que parece un insulto a los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires que pagamos impuestos y vemos y sufrimos a diario las falencias del estado en materia de salud, educación y obras de infraestructura necesarias para que todos tengamos una vida digna.

¿¿¿¿¿SOLUCIONES YA??????


miércoles, 17 de noviembre de 2010

DICTAMEN DE LA DEFENSORÍA- PTA QUERANDÍ -

BUENOS AIRES, 11 de noviembre de 2010
       
VISTO la actuación  959/10, "Solicitud de intervención relacionada con la preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del Río Paraná en la localidad de Tigre", y 
 
CONSIDERANDO:
 Que esta actuación se inició con la presentación  de vecinos de la localidad de TIGRE, en la que expresan su preocupación por la amenaza a los sitios arqueológicos y por el impacto ambiental como consecuencia de la construcción de barrios cerrados.
 Que asimismo señalan, que el impacto ambiental (esto es, el impacto ecológico más el  social), por la urbanización de miles de hectáreas de humedales, representa una seria afectación al ecosistema del Delta del Paraná.
 Que la especificidad de ambas cuestiones aconsejó abordar cada una en diferentes resoluciones.
 Que mediante Resolución D.P. Nº 100/10, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION formuló las exhortaciones del caso a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO, a efectos de la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico en la región.
Que se registran asimismo en esta Institución, las actuaciones Nº  5500/10, caratulada: "Asociación Ambientalista Los Talares, sobre falta de respuesta sus reclamos" y actuación Nº 5642/10, caratulada: "Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, sobre solicitud de intervención vinculada a la proliferación de emprendimientos urbanísticos en humedales continentales e insulares".
Que en estas actuaciones se cuestionan, así como en la presente, las urbanizaciones proyectadas en el humedal del Delta.
 Que en  lo relativo a la cuestión ambiental (objeto de la presente resolución) se debe partir del hecho que el Delta del Paraná posee características biogeográficas y ecológicas particulares, debido a  que el  Río Paraná fluye desde los trópicos  hasta la zona templada, arrastrando  rica variedad de sedimentos, los cuales en su desembocadura, forman  el único Delta del mundo sin contacto con el mar, es decir, totalmente de aguas dulces.
Que es uno de los más importantes humedales de Argentina con aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados,  que se extiende a lo largo de casi  400 kilómetros  por unos 60 km. de ancho
            Que al respecto, es fundamental crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal, para  revalorizar esa riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios que prestan a la naturaleza y a la sociedad.
Que a partir de este conocimiento, se puede analizar alternativas de manejo productivo que sean compatibles con su uso sostenible.
Que la  región inferior del Delta (limitada al norte por el Río Paraná Guazú, al sur por el Río Luján, al oeste por el canal Irigoyen en el partido de Zárate y al este por la frontera móvil del Río de la Plata) es la más afectada por la actividad humana: explotación económica de cultivos, obras viales y emprendimientos urbanísticos  o turísticos.
Que además, hay que considerar que el reciente corrimiento de la frontera agrícola, ha significado un incremento muy grande de la explotación ganadera en zonas insulares, antes poco ocupadas,  con sus consecuencias ambientales, por falta de control estatal.  
Que, a propósito del punto anterior, es conocido el reciente fenómeno de los incendios forestales sin control en el Delta, debido a la imprudente quema de malezas con el objetivo de liberar tierras bajas para la ganadería, desplazada de las tierras altas por el cultivo de la soja. 
Que también se registra la amenaza indirecta de la contaminación de afluentes,  como el Río Reconquista  que arrastra deshechos  de regiones altamente pobladas de la provincia Buenos Aires            
Que obran en esta Defensoría antecedentes en varias actuaciones que tratan directa o indirectamente sobre presuntas violaciones al derecho a un ambiente sano y a la elección de una forma de vida sobre la región que nos ocupa: Act. 9197/00 por posible contaminación de zonas isleñas; Act. 11691/00 sobre corte del río Reconquista; Act. 11805/00   Reserva de la biosfera y la integridad del Delta del  Paraná; Act. 118/02 sobre refulado de barros; Act. 1606/04 sobre contaminación del Río Reconquista; Act. 2136/08 sobre incendios en el Delta del Río Paraná.
Que, por otra parte, no puede considerarse que un humedal concluya en la margen de un río (como el Luján), asumiendo a este límite geográfico como si fuera un límite político, cuando, en la otra margen de ese río (en este caso, la continental), se dan también las características propias del humedal como lo son los bajos inundables, que a tal punto son bañados que para su utilización (en el caso urbanizaciones) los mismos son rellenados a cotas tales que descarten su anegamiento aún en los casos de las más altas crecientes.
Que este hecho implica un tipo de agresión al medio ambiente, especialmente sensible a la naturaleza y a la vida humana, por cuanto  la contaminación de humedales,  en una región que posee ríos  con caudales y  fuerza como  los del Delta, suele no ser fácilmente detectable. Esta dificultad se debe a que la potencia de esas corrientes de agua parecen "limpiar" todas las superficies a su paso en cada movimiento de marea, pero en realidad la contaminación se produce como una especie de cáncer que se va extendiendo por debajo de la superficie, sin ser,  a veces, evidente.
  Que toda  consideración sobre  estos tópicos debe  guiarse por la vigencia del concepto de desarrollo sustentable  que contiene como  criterio fundamental  el uso racional de los recursos  al servicio de la comunidad.
Que desde este supuesto  socio-económico  y cultural, contenido en el marco jurídico del  derecho ambiental, considerado hoy  como un derecho humano  en la línea de los derechos sociales, una región de  humedales no es equiparable, ni geográfica, ni demográfica, ni económica,  ni culturalmente, a las otras regiones continentales  urbanas o rurales.   
Que esto que parece evidente, no lo es tanto si se recuerda que, para las intensas prácticas desarrollistas, todavía vigentes  en el segundo tercio del siglo pasado, la mayor parte de lo que hoy  se define como humedales, se los consideraba pantanos insalubres y deberían de haber sido rellenados  para adecuarlos a la agricultura o asentamientos  humanos.  
 Que por otra parte  la población  del Delta  tiene diversas motivaciones para vivir allí.   Además  de quienes  realizan actividades económicas (y no siempre viven en el Delta)  están las personas  que han optado  por  un tipo  vida  diferente al de las ciudades  o las zonas rurales del continente. 
Que al  elegir vivir de ese modo, oriundos o inmigrantes,  ejercen un  derecho humano  y constitucional fundamental, el derecho a una opción de vida  y,  al mismo tiempo, brindan a la Nación y a la humanidad  la función de custodios  de fuentes de recursos vitales. 
Que respecto a esta opción de vida, en su oportunidad esta Defensoría  procedió a  verificar  in situ una encuesta, anteriormente realizada, a los pobladores de  la Primera Sección de Islas del Delta del Paraná.
Que la misma  había  sido  realizada por  la Cátedra de Ingeniería Ecológica de la Universidad de Flores  y su objetivo  fue recabar la opinión de los vecinos con respecto al  proyecto  de urbanizaciones  y sistemas viales  a cargo de una empresa privada.
Que los resultados objetivos de la encuesta verifican que la inmensa  mayoría de la población  teme las consecuencias ambientales y sus consiguientes perjuicios para la calidad de vida,  por la realización de proyectos urbanísticos sin  riguroso control  estatal  en el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Que además el  88,5 % se oponía a cualquier construcción de calles en las islas. El 85,8 % se oponía la construcción de puentes. El  84,5 % se oponía a las construcción de countries.
Que es significativo que tanto las personas que trabajan fuera del Delta, como las que viven en su exterior, se opongan a todo tipo de caminos y puentes, los que a prima facie facilitaría sus traslados cotidianos.   
Que estas personas afirman que prefieren  afrontar las contingencias de los transportes acuáticos a cambio de los beneficios que significa el mantener  la identidad de la región en su carácter de humedal.
Que manifiestan su convicción  de que el Delta del Paraná  es un patrimonio público  a disposición y disfrute de todos los habitantes de la Nación, siempre y cuando siga siendo precisamente Delta. 
Que en tal sentido no se oponen a las actividades turísticas, muy por el contrario, ven con simpatía la presencia de turistas, porque además ello contribuiría a difundir y crear una conciencia nacional sobre el valor de este sistema  hidrológico,
Que exigen que las mismas se lleven a cabo cumpliendo rigurosamente las normas  jurídicas y  de cuidado del medio natural. 
Que se hace especial hincapié en el carácter del Delta del Paraná,  único en el mundo  totalmente rodeado de agua dulce, inmensa reserva, el  más rico del planeta en  la diversidad de su fauna. 
Que este conjunto de humedales componen un ecosistema frágil  extraordinariamente sensible  a la intervención de la ingeniería humana.
Que son altamente alentadoras las diversas propuestas de declarar a toda la región del Delta del Paraná como "Zona protegida" en alguna de las figuras nacionales o internacionales  adecuadas al respecto  ( "Sitio Ramsar", por ejemplo)
Que la Convención RAMSAR (2000) ha producido un encuadre metódico y conceptual de gran valor a este fin.
 Que los manuales de RAMSAR para el uso sostenible de humedales resultan útiles también para el análisis y gestión de impactos ambientales de proyectos de desarrollo.
Que señalan asimismo los requirentes, el impacto ecológico y social ocasionado por los emprendimientos localizados en tierra firme, destacando la "urbanización de miles de hectáreas de humedales" con la afectación que ello representa al ecosistema del Delta del río Paraná.
Que denuncian también que pobladores aledaños a los barrios cerrados, pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos y ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios.
Que se cuestiona asimismo, que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.
 Que en  materia de  emprendimientos  urbanísticos,  proyectos turísticos  y todo  tipo de explotaciones económicas  de recursos naturales  o despliegues de infraestructuras, el carácter  federal de la República Argentina   establece dominios,  jurisdicciones y administraciones diferenciadas  por diversos niveles de autonomía.
Que no obstante el considerando anterior, la Constitución Nacional, los tratados de rango constitucional y los tratados internacionales, constituyen un compromiso indisoluble con la preservación del medio ambiente, los ecosistemas, la conservación biológica, los patrimonios naturales y culturales y los derechos humanos, mediante una estricta coordinación con el Estado Nacional  en  las políticas a  aplicar.
 Que la índole de la problemática excede en mucho la circunscripción al partido de Tigre, para abarcar el conjunto del Delta 
 Que a efectos de no angostar la investigación e incluir en la misma zonas afines, en las que podrían verificarse circunstancias similares a las planteadas por los interesados respecto de la localidad de Tigre, se formularon pedidos de informes a las autoridades comunales de la zona costera del río Paraná que se extiende entre los municipios de Zárate y San Fernando.
Que los requerimientos se cursaron a los Intendentes Municipales de las siguientes Comunas: ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO.
Que, tal como se expresara en la reciente Resolución D.P. 100/10, esas solicitudes abordaban aspectos esenciales que hacen al desarrollo sustentable, respetuoso del patrimonio natural y cultural.
Que, entre los datos requeridos a los municipios, se hallaban los siguientes:
- Detalle los nombres y localización de los Barrios Cerrados (BC) autorizados a partir del 2 de febrero de 1998, indicando en cada caso:
 
Si se cumplió en cada caso con el estudio de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental. Sírvase remitir copia de las conclusiones.
 
Si además del requisito contemplado en el artículo 3° del Decreto N° 27/98 de la Provincia de Buenos Aires, se requirió la prospección prevista en el artículo 13, párrafo tercero, del Decreto Nacional N° 1022/04
 
- A través de qué medios se cumple con la prescripción del artículo 17 de la Ley N° 11.723.
 
- Sírvase remitir copia del registro previsto en el artículo 24 de la Ley N° 11.723."
 
Que si bien la Ley Nº 11.723 y el Decreto Nº 27/98 no imponen la celebración de Audiencia Pública para recepcionar y responder las observaciones sobre el  Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental de los proyectos, la realización de la misma es una sana práctica de gobierno que otorga mayor transparencia a los actos de la Administración Pública, a la vez que confiere a los ciudadanos y ciudadanas una efectiva participación en la administración de la cosa pública.   
Que la Ley Nº 11.723 Del Medio Ambiente, de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 16 y 17, prevé el acceso de los habitantes de la provincia a las Evaluaciones de Impacto Ambiental y a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
Que tal previsión debería estar acompañada de la adecuada publicidad, para no tornar abstracta esa prescripción.
Que pese a haber recepcionado las municipalidades los pedidos de informes de esta Institución (tal como lo acreditan los acuses de recibos postales agregados a la presente actuación), no se han recibido las respuestas a las solicitudes.
Que la falta de contestación impide a esta Institución conocer la situación que se verifica en cada municipio respecto de la cuestión ambiental abordada en la presente y la manera en que se da cumplimiento con la normativa vigente.
Que tampoco merecieron respuesta, por parte de las Municipalidades citadas, las exhortaciones formuladas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a través de la Resolución D.P. Nº 100/10.
Que dicha falta de respuesta obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural.
Que es facultad del Defensor del Pueblo de la Nación la custodia de los valores arriba indicados por lo que se procede formular las pertinentes exhortaciones, en los términos del artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL y artículo 28 de la Ley N° 24.284, a las municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE Y SAN FERNANDO.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley N° 24.284, modificada por la Ley N° 24.397.
Por ello,
 
EL ADJUNTO I DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
 
ARTICULO 1º.- Exhortar a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO la adopción de las siguientes medidas:
a)  Realizar un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de Estudio de Impacto Ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales en la ZONAS CONTINENTALES VECINAS al DELTA DE RIO PARANA.
b)  Solo autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales.
ARTICULO 2º.- Reiterar a las Municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO las exhortaciones contenidas en el artículo 1º incisos e) y f) de la Resolución D.P. Nº 100/10 a efectos que:
 
a)  Se informe, a través de todos los medios de comunicación local, el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
b)  Se adopte el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.
ARTICULO 3º.- Poner en conocimiento de la presente al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese y resérvese.
 
RESOLUCION Nº 141/10
 
DR. ASELMO SELLA
ADJUNTO I A CARGO DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
 

lunes, 15 de noviembre de 2010

PPS ARROYO CLARO- El Tigre verde blogspot-

A continuación pongo a consideración un PPS relacionado con la situación ambiental del arroyo “Claro”, una de las quince vías de agua que muestra la zona continental del distrito de Tigre. A la presentación también podrán ubicarla enhttp://www.youtube.com/watch?v=oWO4JVu6dbk Se agradece la colaboración prestada, una vez más, por el equipo de la Asamblea Urbanoambiental de Tigre.
Ricardo Barbieri 
http://eltigreverde.blogspot.com/2010/11/tigre-pps-situacion-ambiental-del.htmlArroyo claro pps

sábado, 13 de noviembre de 2010

YAGUARETÉ ENCERRADO-Publicado en Pagos del yaguareté blogspot-


Excelente análisis de Hornero del sur en su blog y compartimos también las dudas.


Gracias Hornero por permitirnos su publicación.


Yaguareté encerrado 


http://pagosdelyaguarete.blogspot.com/2010/11/yaguarete-encerrado.html




Vemos sobre la costa del Río Tigre, apenitas antes del Puente Sacriste un enorme cartel de unos 25m2 que anuncia la obra de remodelación del Paseo Gral. Lavalle.
Lo que asombra del cartel, en primer lugar no es su superficie, dado que esta se encuadra dentro de los estándares publicitarios oficiales, que se utilizan de acuerdo al monto de la obra. Pero el hecho que se ubique paralelo al río , de espaldas a este y perpendicular a los principales accesos al lugar y en un sitio de inusual accesibilidad, 
es poderosamente llamativo.




Pero como diría un extinto periodista, “cambiando el ángulo de la información”, este cartel da lugar a un análisis más exhaustivo de la situación, dado que aporta datos muy relevantes para los vecinos. 
Se repitió hasta el cansancio en algunos medios de prensa local, que el monto de la inversión iba a ser de unos $ 6.000.000, que según el intendente podían llegar a bajarse de acuerdo al reacondicionamiento que había tenido el proyecto; es extraño que el monto que figura en la publicidad citada hable de $ 8.445.586,03 . 


Por otro lado, nuestra medición satelital nos da una superficie de aproximadamente 7000 m2, que no coincide con los 9172 m2 que indica la Municipalidad.
El valor del m2 promedio de paseo , nos estaría costando alrededor de $ 1200 según nuestros cálculos.
Otro dato interesante es el plazo de contrato que suma 360 días , son hábiles o corridos?, porque de una manera u otra es bastante extendido en el tiempo para este tipo de obra.
No resulta menos asombrosa, la decisión de la empresa que materializará el proyecto, dado que desde hace trece años se dedica a obras de redes y viales, cuando esta se trata de una obra de infraestructura arquitectónica. 



Por otro lado y para concluir, nos cuesta entender lo de “soluciones ya”.
Qué tipo de problemática básica planteada por los contribuyentes está solucionando esta obra?
Cómo siempre las conclusiones, quedan en manos del Soberano Pueblo.
El cartel me parece, tiene gato, o para hacerlo más vernáculo, yaguareté encerrado.
Sabrán lo lectores que ese bicho, no soporta los encierros y habrá que soltarlo pronto para no quedar emboscados nuevamente, en un nuevo negocio para unos pocos.


Hornero del Sur

“¡Ay ay ay! ¡Misterioso Punta Querandí!” -PRENSA LIBRE-



Una comisión especial del Deliberativo recibirá el martes a los pueblos originarios que defienden Punta Querandí, en Dique Luján. Dos centenares de representantes de estos pueblos marcharon a la comuna, con ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, con un petitorio “en defensa del patrimonio milenario de los humedales” y la preservación del lugar donde se encontraron restos arqueológicos de pueblos originarios. Los acompañó el cura, Luis Farinello y recibieron apoyo del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La comisión también recibirá a inversionistas de barrios privados.


Tras una marcha desde la estación terminal Tigre de TBA, hasta la Intendencia local, el Movimiento en Defensa de la Pacha, otras organizaciones de pueblos originarios, grupos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, entregaron un petitorio en defensa de Punta Querandí.


Fue el jueves de la semana última, y participaron líderes de los pueblos originarios y el cura Luis Farinello. Además recibieron adhesiones del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados nacionales, y los bloques Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad y otros.


“Ese lugar tiene una historia y constituye un sitio sagrado de los pueblos originarios (...) Ojalá que nuestros ancestros querandíes puedan mantener su espíritu presente a través de ese espacio, y que toda la población pueda valorar su histórica presencia” expresó en una misiva de apoyo, Pérez Esquivel.


“¡Ay ay ay! Misterioso Punta Querandí!” cantaban los manifestantes acompañados porbombos, sikus, ururus y otros instrumentos musicales, al marchar por avenida Cazón hacia la comuna; allí bailaron. El subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, tomaba fotos apostado en una esquina, tratando de pasar inadvertido.   


“La tierra es de Dios ¡Maldita propiedad privada. Maldito capitalismo! Esta tierra es para todos, no para alambrarla!” dijo el padre Farinello durante la marcha. “No es un problema de los pueblos indígenas. Es de todos. Si no cambiamos la cultura del genocidio no cambiará la sociedad”, dijo a su turno el kolla, Mario Barrios.


El kolla Pedro Moreira, del Movimiento en Defensa de la Pacha, uno de los líderes más respetados, sostuvo: “Queremos que el intendente o la intendenta sinceramente diga, con franqueza, de que lado está. Queremos que diga si está o no con el ánimo de defenderlo. Si defiende el patrimonio cultural o está en contra...”


Entre los adherentes locales estuvo el edil del ARI, Luis Cancelo; y mandó su adhesión la diputada provincial sanfernandina, Liliana Piani. Además hubo representantes de la Asamblea Delta y Río de la Plata, de Unidos por el Río de Vicente López, y de otras entidades ambientalistas.


Los pueblos originarios piden la preservación pública de un predio denominado Punta Canal –del Estado Nacional- pero que fue renombrado como Punta Querandí en virtud de que en el lugar se encontraron restos arqueológicos y se certificó la existencia de restos humanos de pueblos originarios.


Una representación de los manifestantes se reunió con el secretario de Gobierno comunal, Eduardo Cergnul, que recibió el petitorio donde se pide la intervención de la comuna. El funcionario, según una fuente que participó de la reunión, adelantó que la decisión final estará en el Deliberativo.


En la anteúltima sesión el cuerpo votó por unanimidad formar una Comisión Especial, para tratar específicamente el caso de Punta Querandí. El martes próximo, en su segunda reunión,se encontrarán con los pueblos originarios, a las 18, tras recibir, a medio día, a un grupo de inversionistas en barrios privados de la zona.


En la primera sesión, el martes último, Julio Zamora y Alejandra Nardi, titular del cuerpo y del bloque que responde al intendente Sergio Massa, sostuvieron que la comisión piloteará “una mediación” entre los inversionistas y los pueblos originarios para que “concilien” posiciones, y redactará un informe de lo actuado.


Sin embargo, para los ediles Luis Cancelo (ARI) y Ricardo Fabris (Acción Comunal) –también miembros de la comisión- los ediles deben “evaluar” para comprobar algún “vicio” -término jurídico genérico que indica falta o defecto-en la propiedad del predio y “emitir despacho, según el reglamento del cuerpo”.


Prensa Libre pudo saber que las tierras son gestionadas por la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) pues eran del ferrocarril. Actualmente forman parte de un lote en proceso de venta a la firma Chilespa SA del grupoEIDICO, un consorcio dedicado a la actividad inmobiliaria.


La firma EIDICO ostenta la propiedad de Punta Querandí. Uno de sus titulares, según confirmó a Prensa Libre una de las inmobiliarias del grupo, es Jorge O’Reilly, ex asesor de la Jefatura de Gabinete Nacional, ad honorem, nombrado por decreto 1314/08, mientras Massa encabezaba ese cargo.


En el boleto de compraventa, al que tuvo acceso Prensa Libre, esta firma figura lindera. Ese dato no es menor pues, de acuerdo con la legislación vigente, la compra venta directa se puede realizar exclusivamente a vecinos linderos, de otra manera corresponde venderlas vía licitación pública.


Para los defensores de Punta Querandí hay elementos para probar que Chilespa SA no era lindera, al momento de la venta, pues había traspasado la propiedad a San Benito, otra empresa del grupo. Si esto se comprueba -dicen- la comuna de Tigre, en tanto el predio está en el distrito, puede pedir que se desafecte de la venta.


En este contexto, el toba Alberto Aguirre, vecino de Munro y defensor del predio, advirtió sobre la comisión: “Si son concejales al servicio de su comunidad tendrían que tratar el tema con profundidad, sinceridad y conciencia, dejando de lado el amiguismo empresario. Con un objetivo claro, se puede llegar a un buen término”.


Link Permanente:  http://www.sprensalibre.com.ar/index.php?id=3235